El pasado 3 de mayo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 236, por medio de la cual todos los vehículos automotores que pesen menos de 3,857 kilos tendrán que cumplir con ciertas condiciones físico-mecánicas para poder circular en territorio nacional. En los hechos, esto significa que, además de la de emisiones contaminantes, habrá una nueva verificación vehicular en todo el país.

La NOM 236 invoca las mejores causas, por supuesto. Con tal de justificar su existencia, el documento se retrotrae hasta el 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) quedó a cargo de la coordinación de la seguridad vial entre los Estados miembros de la ONU (la OMS es un organismo dependiente de esta).

Un poco más adelante, el documento nos recuerda que el 20 de febrero de 2020, en el marco de la Tercera Conferencia Mundial Ministerial, México se adhirió a la Declaración de Estocolmo, por medio de la cual se pretende reducir las muertes por accidentes de tráfico en al menos 50% para el año 2030.  

Además, se nos informa que “la revisión de las condiciones fisicomecánicas de un vehículo es una práctica común en el mundo”, y que se ha implementado de “forma exitosa en toda Europa y en más de 10 países en América Latina, Asia y África”.

Puras buenas intenciones, ¿cierto?

Desafortunadamente, cuando se analizan a fondo el contexto y los efectos que la aprobación de la NOM 236 tendrá, las conclusiones que pueden extraerse son todo menos alentadoras. Entre otras inconveniencias, implica que los mexicanos tendremos que pagar un nuevo impuesto, el cual afectará sobre todo a las clases medias y bajas.

En días recientes, se dio a conocer que la verificación físico-mecánica tendrá un costo aproximado de 900 pesos. Los vehículos con 10 o más años de haber sido comercializados tendrán que aprobar la verificación una vez por año. Es decir, aquellas personas que no cuenten con un automóvil de modelo reciente tendrán que pagar un impuesto anual de 900 pesos, si es que pretenden poder circular libremente en territorio nacional.

Sobra decir que, como ya sucede con la verificación de emisiones contaminantes, los automovilistas seremos coaccionados a cumplir con la norma, so pena de multas y obstáculos para realizar trámites relacionados con nuestro coche.

Por supuesto que no todos los automóviles estarán sujetos a la nueva verificación, pues los autos nuevos tendrán un periodo de gracia de cuatro años a partir de su comercialización durante el cual no será necesario que la presenten. Sin embargo, es evidente que tan solo una fracción mínima de todo el parque vehicular estará exenta.

Por otra parte, están los centros de verificación, también conocidos como verificentros. Imaginemos el tamaño del pastel que está en juego cuando, a lo largo de la república, todos los vehículos particulares tengan que someterse a la nueva verificación. De acuerdo con el Inegi, estamos hablando de un parque vehicular de 34 millones 562 mil 11 coches, según cifras actualizadas hasta marzo de 2022.  

¿Cómo se asignarán las concesiones a los empresarios que quieran montar su verificentro en los estados en donde no existe actualmente la verificación vehicular (que son la mayoría, por cierto)? ¿Se someterán a concurso las concesiones o se entregarán de manera directa? ¿Habrá garantías para que no cunda la corrupción, como siempre sucede en este país?

Se antoja la insurrección

En lo personal, las teorías libertarias siempre me han parecido seductoras, aunque sé que no son sino una variedad más del “pensamiento mágico” en el que los seres humanos incurrimos todo el tiempo. ¿Abolir completamente al Estado? No veo cómo podríamos lograr semejante proeza. Es más, ni siquiera lo considero deseable.

Lo cierto es que el Estado tiene su razón de ser, aunque debe tener límites claros para que no se entrometa en decisiones que no competen sino a los individuos (como es el caso).

Por lo demás, la idea de un cambio radical que acabe con todos nuestros problemas de tajo siempre suena dulce a nuestros oídos, pero la experiencia nos enseña que semejante empresa no es posible. Las revoluciones socialistas del siglo XX demostraron, científicamente y sin lugar a dudas, que la pretensión de transformar nuestras condiciones materiales por vías radicales siempre termina en desastre.

Sin embargo, con la aprobación de este tipo de normas, no puedo evitar que surja el libertario radical que habita en mí. ¿Por qué debo pagar para que el Estado verifique que mi automóvil está en condiciones de circular si, de cualquier modo, ante un percance vial seré yo quien tenga que responder por los daños que me cause a mí mismo o a terceros?

¿Por qué se menciona que este tipo de verificación técnica ha sido implementada de manera exitosa en toda Europa? ¿Los servicios a los que tenemos acceso los mexicanos son también de primer mundo? ¿Nuestros salarios son equivalentes con los de los países europeos? ¿Las calles y avenidas de nuestros países son comparables?

Pero acaso lo más ominoso de todo este asunto es que la NOM 236 parece ser parte de esa pesadilla conocida como la Agenda 2030. Las organizaciones supranacionales, al servicio de los intereses más siniestros, pretenden dictar, hasta en el más mínimo detalle, cómo debemos vivir nuestra vida .

Hasta antes de la pandemia, los peligros de la Agenda 2030 podían ser desechados como “teorías de conspiración”. Hoy, queda claro que un nuevo gobierno global está en ciernes, y que el llamado “desarrollo sustentable” no es sino un caballo de Troya con el que pretenden engañarnos para que aceptemos la tiranía de la élite política y financiera de este mundo.

No sabemos si las autoridades mexicanas aprobaron la NOM 236 con el fin de contribuir con esta oscura agenda o si su pretensión sea solo recaudatoria. En cualquier caso, una vez más, el gobierno meterá la mano en nuestros bolsillos para despojarnos, y todo mientras nos dice, con aire condescendiente, que lo hace por nuestro propio bien.

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